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Argentina: Movilización detiene proyecto minero en La Rioja
22 de febrero de 2012
Tras una multitudinaria marcha de mas de 10.000 manifestantes el viernes pasado, el gobernador de la provincia argentina de La Rioja, Luis Beder, anunció el domingo que el proyecto minero en el Famatina se demorará “el tiempo que sea necesario” hasta desentrañar su impacto ambiental y “explicar” sus alcances.
Beder aseguró que “no va a haber otra actividad mientas la gente no esté de acuerdo” con el proyecto. Sin embargo, para argumentar a favor de su implementación, el gobernador dijo que su provincia era “como el hijo vago de la Nación”, porque el gobierno federal “tiene que estar permanentemente mandándole plata”.
El comienzo de las tareas de exploración en Famatina por parte de la empresa canadiense Osisko estaba previsto para el 16 de enero.
Los 10.000 manifestantes, convocados por las Asambleas Ciudadanas por la Vida, se concentraron tras una marcha frente a la Casa de Gobierno para exigirle a Beder la anulación del contrato y el abandono de su política megaminera metalífera y uranífera.
Las regiones riojanas de Famatina y Chilecito están flanqueada por imponentes nevados de 6.000 metros de altura. La ciudadanía de diversas provincias se movilizó en defensa del agua y por la anulación de los contratos que habilitan la explotación minera en la zona.
Organizaciones de la sociedad civil iniciaron en 2006 una campaña en defensa del Famatina que terminó con la expulsión de la transnacional canadiense Barrick Gold, proyecto hoy a cargo de la Osisko Mining Corporation.
“Diferentes experiencias que se vienen repitiendo muestran que el modo de operar de estas corporaciones se encuentra protegido por un sistema de reciprocidades que, en nombre del ‘desarrollo y crecimiento económico provincial y nacional’, faculta a estos consorcios a operar en las altas redes de la política local y nacional con total impunidad”, advirtió en un comunicado el Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO).
“Hoy el resultado de estas negociaciones […] es la derogación de leyes provinciales que protegían las fuentes de agua de explotaciones riesgosas y altamente contaminantes como las que necesariamente desarrollan los megaemprendimientos mineros”, advirtió la organización.
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