Derecho a la ciudad

Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. Son mucho más que simples espacios físicos marcados por una mayor densidad poblacional. El modo de vida urbano influencia la manera como establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio.

A lo largo de la historia, la urbanización ha estado asociada al progreso económico y social, el fomento de la alfabetización y la educación, la mejora de la situación sanitaria general, un mayor acceso a los servicios sociales y la participación en la vida cultural, política y religiosa. La democratización ha favorecido ese acceso, así como la participación y dedicación fructífera de los agentes de la sociedad civil, las asociaciones entre los sectores público y privado y la planificación y la ordenación descentralizadas y participativas, que son elementos indispensables para el futuro de los centros urbanos. Las ciudades y los pueblos han sido motores de crecimiento y focos de civilización, y han favorecido la evolución del saber, la cultura y la tradición, así como de la industria y el comercio.

Los asentamientos urbanos bien planificados y administrados encierran la promesa del desarrollo humano y de la protección de los recursos naturales del mundo por su capacidad de sustentar a gran número de personas limitando al mismo tiempo sus efectos en el medio ambiente. El crecimiento de las ciudades y los pueblos provoca cambios sociales, económicos y ambientales que rebasan los límites de las ciudades.

Según las proyecciones actuales, a comienzos del siglo próximo más de tres mil millones de personas, es decir, la mitad de la población mundial, vivirán y trabajarán en zonas urbanas. Los problemas más graves a que se enfrentan las ciudades y los pueblos, junto con sus habitantes, comprenden la escasez de recursos financieros, la falta de oportunidades de empleo, el aumento del número de personas sin hogar y de asentamientos de precaristas, el incremento de la pobreza y el desequilibrio creciente entre ricos y pobres, el aumento de la inseguridad y de los índices de delincuencia, las deficiencias y el deterioro del patrimonio de viviendas y de los servicios e infraestructuras, la falta de instalaciones sanitarias y docentes, el uso indebido de la tierra, la inseguridad en la tenencia, la creciente congestión del tráfico, el aumento de la contaminación, la falta de zonas verdes, las deficiencias en el abastecimiento de agua y el saneamiento, la falta de coordinación del desarrollo urbano y la creciente vulnerabilidad a los desastres. Todos esos factores han puesto a prueba la capacidad de los gobiernos a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para alcanzar el objetivo del desarrollo económico y social y la protección del medio ambiente, componentes interdependientes del desarrollo sostenible que se potencian mutuamente y constituyen el marco de nuestro empeño por mejorar la calidad de vida de todos los pueblos. Los altos índices de migración internacional e interna y el crecimiento de la población en las ciudades y los pueblos, sumados a las pautas insostenibles de producción y consumo agudizan particularmente esos problemas.

En las ciudades y los pueblos de todo el mundo, grandes sectores de la población viven en condiciones deficientes y padecen graves problemas, inclusive de orden ecológico, que se ven agravados por la falta de capacidad de planificación y gestión, la falta de inversiones y tecnología, la movilización insuficiente y la asignación incorrecta de recursos financieros, además de la escasez de oportunidades sociales y económicas. En el caso de la migración internacional, los migrantes tienen necesidades de vivienda y servicios básicos, educación, empleo e integración social sin menoscabo de su identidad cultural, y debe dárseles protección y atención adecuadas en los países de acogida.

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