Ecologistas en Acción y la Environmental Justice Foundation muestran su rechazo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y piden al gobierno español que tome medidas contundentes contra la misma. España debe asegurar que cumple con el Reglamento europeo, impidiendo la entrada de pesca pirata en los puertos españoles.

La pesca INDNR es un problema grave. Vacía caladeros, degrada el medio ambiente marítimo y amenaza la seguridad alimentaria. Se estima que conlleva un coste de entre diez mil y veintitrés mil quinientos dólares americanos cada año y las naciones en vías de desarrollo son particularmente vulnerables. Por añadidura, la pesca INDNR es competencia desleal para los pescadores que respetan la ley.

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El accidente nuclear de Japón ha demostrado una vez más que, por improbables que se presenten, los accidentes nucleares acaban ocurriendo.

Fukushima se suma a Harrisburg (Three Mile Island) o Chernóbil, y tantos otros accidentes de la industria civil, como el de Vandellós, y militar, como Palomares.

Sociedades, como la japonesa, con un control tan alto de la tecnología y con una preocupación tan elevada por la seguridad no han podido evitar un desastre como el de Fukushima. Indudablemente, un accidente nuclear es potencialmente de muchísima mayor gravedad que uno acaecido en la industria renovable.

Además, la industria nuclear sigue teniendo sin resolver el problema de los residuos nucleares que, no podemos olvidar, son activos durante miles de años. ¿Es posible sostener con seriedad que vamos a garantizar la seguridad de los residuos nucleares durante miles de años si no somos capaces de evitar los accidentes nucleares a día de hoy?

Pero hay más argumentos para el abandono de la energía nuclear en España. Actualmente las centrales nucleares están sirviendo de impedimento al desarrollo de las energías renovables. En concreto, ya en varias ocasiones se han desconectado parques eólicos por sobreproducción en la red, ante la imposibilidad de desconectar las centrales nucleares.

A esto se le añade la sobrecapacidad de producción eléctrica de España: en los últimos años nuestro estado ha sido exportador neto de electricidad. Y que hay medios mucho más efectivos y baratos para luchar contra el cambio climático y la seguridad energética: reducción del consumo y apuesta decidida por las renovables.

Por último, Ecologistas en Acción, así como otras instituciones, han demostrado, con propuestas técnicamente viables, que es posible el cierre de todas las centrales nucleares españolas en 2020 con garantía de suministro y mejorando la calidad de vida.

Por todo ello es necesario que le digamos al Presidente del Gobierno, al Ministro de Industria y a la Ministra de Medio Ambiente que queremos:
 El cierre durante esta legislatura de la central nuclear de Santa María de Garoña.
 La paralización del proceso de emplazamiento del ATC, el cementerio nuclear, hasta que no haya un calendario de cierre de las centrales nucleares.
 Un plan de cierre del parque nuclear español que culmine en 2020.

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Wikileaks confirma que efecitvamente existe una estrategia conjunta de los gobiernos de España y EEUU a favor de los transgénicos. Durante más de una década, el Gobierno de España, ha defendido prácticamente en solitario el cultivo de transgénicos en la Unión Europea y es el único país que ha tolerado su cultivo a gran escala, sin cumplir con las normas europeas y españolas de transparencia, sin seguir los productos a través de la cadena alimentaria, sin obligar a etiquetar los alimentos transgénicos y sin realizar seguimiento alguno de los campos cultivados con estas peligrosas semillas.

Se cultivan entorno a 70.000 hectáreas de un maíz modificado genéticamente de Monsanto, un nombre que junto a otras multinacionales (como Syngenta) sale con frecuencia en los cables que la embajada en Madrid envía a Washington.

Queda confirmado cómo, desde el Gobierno, se ha trabajado para favorecer los intereses de estas empresas. Por tanto, desde las organizaciones Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, COAG, Plataforma Rural y CECU exigimos a la ministra Rosa Aguilar que la política española sobre organismos modificados genéticamente (OMG) deje de estar controlada por las multinacionales y pedimos una moratoria inmediata a su cultivo en España.

La prohibición del cultivo de transgénicos por parte del Ejecutivo español es imprescindible para poder defender los intereses de nuestro medio ambiente, nuestra agricultura y la salud pública, para que éstos no sigan en manos de la industria de los transgénicos, de los intereses de EE UU y de quienes, desde las instituciones españolas, los han apoyado abiertamente, tal y como ha quedado demostrado en los cables de Wikileaks.

Para ciberactuar

La leyenda de Robin Hood, el proscrito de la Edad Media que robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres, ha llegado hasta nuestros días y tiene más sentido que nunca. Los recortes sociales están afectando a los de siempre, tanto en España como en los países del Sur, y es injusto que en una situación de crisis paguen los que menos tienen. ¿Robar? ¡No! Ser justos, ni más ni menos.

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