Ayúdanos a garantizar que las empresas europeas ponen a las personas y al medio ambiente antes que los beneficios.

La campaña “Derechos para las personas, reglas para los negocios”, www.derechosparapersonas.org quiere hacer un llamamiento a los políticos europeos para que garanticen a través de las leyes la responsabilidad de las empresas sobre los impactos negativos que sus operaciones provoquen en cualquier parte del mundo.

FIRMA Y AYÚDANOS a entregar más de 100.000 firmas a los jefes de estado de la Unión Europea y al Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

Más información sobre la campaña:

La campaña forma parte de la campaña europea que lanza la European Coalition for Corporate Justice (ECCJ) en 13 países de la Unión Europea. En España se ha lanzado por el Observatorio de RSC.

Las empresas europeas, con su presencia internacional, provocan impactos en la vida de las personas. Aunque algunos son positivos, como la generación de empleo o el traslado de tecnología, también causan daños sustanciales sobre las personas y el medio ambiente. Mientras tanto los gobiernos europeos y sus políticas alientan a las empresas a generar mayores beneficios, muchas veces a costa de las personas y del medio ambiente. Leer más

La situación de los Derechos Humanos en Colombia es catastrófica. Para mejorarla, la Comisión de Justicia y Paz trabaja incansablemente por la Verdad, la justicia la reparación y la memoria. Su acompañamiento a comunidades rurales en varias zonas de Colombia permite la defensa incondicional de la vida, los derechos humanos y el medio ambiente por parte de muchas comunidades, zonas humanitarias y de biodiversidad.

Según una fuente que exige permanecer en el anonimato, el plan de acoso comprende dos frentes: uno judicial y mediático y otro que consiste en seguimientos de los defensores de derechos humanos con participación de agentes estatales.

Quienes se benefician de la violencia paramilitar para obtener grandes beneficios del negocio de palma, la ganadería extensiva y el banano, se dedican también a desprestigiar la labor de quienes defienden los derechos humanos de las comunidades desplazadas y afectadas por estas actividades.

Usted también puede enviar esta carta con su firma o con la lista de organizaciones firmantes a la embajada colombiana en su país. Maiores informaciones

Iniciativa de :

• Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura y la Pena de Muerte - ACAT
• Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras - AVSF
• Amnistía Internacional - AI
• Colectivo Guatemala
• Comité Católico contra el Hambre para el Desarrollo - CCFD
• Federación Internacional para los Derechos Humanos - FIDH
• Secours Catholique - Caritas France

El 29 de diciembre de 1996 fueron firmados los Acuerdos de Paz en Guatemala, poniendo fin a un conflicto interno extremadamente violento que duró 36 años. La Comisión del Esclarecimiento Histórico de la Naciones Unidas evaluó en 1997, después de una larga investigación, que 200 000 guatemaltecos fueron asesinados, de los cuales 45 000 están todavía desaparecidos ; 1 millón de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado ; 660 masacres fueron documentados y 400 aldeas fueron completamente destruidas.

Estas violaciones masivas fueron cometidas principalmente contra la población indígena maya (83%). Los regimenes militares en el poder fueron responsables de 91% de las mismas. La mayoría de los crímenes fueron cometidos entre 1978 y 1985, periodo durante el cual se sucedieron los gobiernos de Romeo Lucas García (1978-82), Efraín Ríos Montt (1982-83) y Mejía Víctores (1983-85). Durante este periodo, la Comisión concluye que se cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio y recomienda el enjuiciamiento de los responsables intelectuales de estas políticas.

Desde 1999, muchas denuncias fueron puestas ante las autoridades guatemaltecas, en España y frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de muchos años de impunidad para los verdugos, de ataques y hostigamiento hacia los denunciantes en Guatemala, las autoridades judiciales españolas lanzaron en julio pasado varios mandatos internacionales de arresto, y transmitieron a las autoridades judiciales guatemaltecas solicitudes de extradición contra siete personas que ejercían las funciones más altas en la cadena de mando para que sea juzgadas en España por genocidio, tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

El General Ríos Montt, uno de los principales imputados, goza actualmente de potentes apoyos políticos y militares en Guatemala, razón por la cual nunca ha sido molestado: se postuló oficialmente como diputado para las próximas elecciones generales. La entrega de candidaturas estará abierta a partir del 3de mayo próximo, y el Tribunal Supremo Electoral deberá validarlas en el curso del verano. A partir de esta fecha, beneficiará de 4 años de impunidad parlamentaria: si los casos, en Guatemala o en España, no conocen mayores avances, existe el riesgo de que nunca sea procesado, ni en España, ni en Guatemala, y los millones de víctimas nunca recibirían la reparación moral que exigen desde hace tantos años.

Los próximos meses, entonces, serán decisivos para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio cometido en Guatemala. La movilización internacional sobre este tema ya permitió la apertura de los casos en España.

• Firma la petición para el enjuiciamiento de los responsables del genocidio en Guatemala